Desde las organizaciones de cooperación internacional de Euskadi manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación actual en El Salvador y, en particular, por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros el pasado 20 de mayo de 2025, que amenaza directamente el trabajo de las organizaciones sociales, de cooperación internacional y del periodismo independiente.
Contexto político y social en El Salvador
Régimen de excepción y violaciones de derechos humanos
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha suspendido derechos constitucionales en nombre de una estrategia de seguridad. Aunque el gobierno presenta esta política como un éxito, ha provocado:
- Más de 85.000 detenciones, muchas sin pruebas ni procesos judiciales.
- Aproximadamente el 2,5 % de la población adulta detenida.
- Más de 7.000 casos documentados de violaciones a los derechos humanos, principalmente detenciones arbitrarias, y ataques a la libertad de expresión, asociación y prensa.
Este contexto ha generado una concentración de poder y el debilitamiento de instituciones independientes, cerrando el espacio para la participación ciudadana y la defensa de derechos.
Represión contra comunidades y sociedad civil
El lunes anterior al anuncio presidencial, la comunidad de la Cooperativa El Bosque (cantón El Triunfo, Santa Tecla) fue violentamente reprimida por fuerzas del Estado durante una manifestación pacífica en defensa de su territorio. Se documentaron:
- Uso excesivo de la fuerza.
- Detenciones arbitrarias.
- Obstaculización al ejercicio periodístico y al derecho a manifestarse.
Estas acciones atentan contra los principios democráticos y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La Ley de Agentes Extranjeros: una amenaza real
Aprobación de la ley y retrocesos democráticos
Inspirada en normativas represivas de Rusia, Hungría, Nicaragua, Venezuela y Perú, la Ley de Agentes Extranjeros (LAE) aprobada en El Salvador el 20 de mayo de 2025 constituye un grave retroceso democrático. La norma presenta a las ONG como entes sospechosos y busca criminalizar la cooperación internacional.
Esta ley surge en un contexto de deterioro institucional y persecución a voces críticas. En los últimos dos meses, fueron detenidos:
- Ruth López, coordinadora del programa anticorrupción de Cristosal.
- Alberto Anaya, abogado constitucionalista.
- Alejandro Henríquez, activista medioambiental.
Contenidos de la ley
La LAE obliga a toda persona o entidad cuyas actividades “respondan a intereses o sean financiadas” por actores extranjeros a registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), bajo control del Ministerio de Gobernación y Control Territorial.
Entre las disposiciones más preocupantes:
- Autorización previa del RAEX para realizar actividades.
- Facultades discrecionales para cancelar organizaciones y sancionar.
- Obligación de pagar un impuesto del 30% sobre fondos internacionales.
- Prohibición de realizar actividades consideradas por el RAEX como “políticas” o que “alteren el orden público”.
- Obligación de revelar públicamente el financiamiento de todas sus actividades.
- Prohibición de donaciones anónimas.
Estas medidas restringen severamente el ejercicio del derecho de asociación y la libertad de expresión, y colocan en grave riesgo a organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Implementación y consecuencias
El reglamento de la ley fue aprobado el 30 de mayo y establece un plazo de 90 días para que las organizaciones se registren o soliciten su exclusión. En ese tiempo, tanto ONG como financiadores internacionales deben informar todos los proyectos en curso y el uso de los recursos.
Para muchas organizaciones, esto implica una disyuntiva: autocensurarse o desaparecer. La amenaza es real, y su impacto puede ser devastador para el tejido social salvadoreño.
Contradicciones con los estándares internacionales
La LAE va en sentido contrario a los estándares internacionales sobre libertad de asociación y expresión. Así lo señalan múltiples órganos regionales y universales de derechos humanos.
El ejemplo más reciente es la Declaración de Principios Interamericanos sobre Entidades Civiles sin Fines de Lucro, elaborada por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Esta declaración reconoce la labor clave de las ONG en una sociedad democrática y establece que solo pueden imponerse restricciones si están claramente previstas por ley y son necesarias en una sociedad democrática (artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
La Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador no busca transparencia, sino acallar la crítica. Se inscribe en la lógica de los nuevos autoritarismos, donde se criminaliza a quienes denuncian o investigan.
El valor de la cooperación internacional
Las organizaciones internacionales y salvadoreñas:
- Cumplen con la legalidad vigente.
- Trabajan con enfoque de derechos humanos.
- Suplen funciones del Estado no garantizadas en muchos territorios.
Criminalizar su trabajo atenta contra los principios democráticos, como la participación ciudadana, la libertad de pensamiento y la defensa de los derechos fundamentales.
Demandas urgentes a la comunidad internacional
- Rechazar públicamente la Ley de Agentes Extranjeros.
- Realizar gestiones diplomáticas para exigir su derogación.
- Visibilizar el aporte de la cooperación internacional al desarrollo democrático.
- Exigir al gobierno salvadoreño el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
Conclusión
La Ley de Agentes Extranjeros no es una medida administrativa. Es una herramienta política de control, censura y persecución. Su aprobación afecta no solo a las ONG internacionales, sino también a las comunidades más vulnerables del país, cuya única red de apoyo son las organizaciones de la sociedad civil.
Desde Euskadi, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y hacemos un llamado a la acción institucional y ciudadana para frenar esta deriva autoritaria.
