18 organizaciones alertan del impacto del Pacto Europeo de Migración y Asilo en los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora cada 18 de diciembre, un grupo de 18 organizaciones sociales y humanitarias —entre ellas Alboan— ha alzado la voz para denunciar los graves riesgos que la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) supone para los derechos humanos y el derecho de asilo.
Las entidades, que realizan un seguimiento conjunto del PEMA, alertan de que las medidas actualmente en debate y aplicación están erosionando derechos y garantías consolidados tanto en el Derecho internacional como en el acervo jurídico europeo y las legislaciones nacionales. Entre ellos, señalan el debilitamiento del derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la atención a la salud integral y la protección específica de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Externalización de fronteras sin garantías
Coincidiendo con esta fecha clave, las organizaciones han remitido una carta al Gobierno español en la que expresan su preocupación por la consolidación de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantías suficientes de respeto a los derechos humanos.
Uno de los elementos más alarmantes es el refuerzo del concepto de “tercer país seguro”, que permite rechazar solicitudes de asilo por considerarlas inadmisibles si la persona podría haber pedido protección en otro país. Según denuncian las ONG, esta práctica contraviene el derecho internacional sobre personas refugiadas y puede dar lugar a expulsiones forzosas a países con los que las personas no tienen ningún vínculo, sin posibilidad real de recurrir la decisión. La preocupación aumenta al constatar que algunos de los países considerados “seguros” han sido denunciados reiteradamente por vulneraciones graves de derechos humanos.
El impacto de estas políticas sobre la infancia migrante y solicitante de protección internacional es especialmente preocupante. Las organizaciones advierten de que la aplicación de estos criterios puede ir en contra del interés superior del menor. Asimismo, alertan del refuerzo de los procedimientos de control, identificación rápida en frontera (triaje) y del uso intensivo de datos biométricos, medidas que pueden alimentar la criminalización y el racismo institucional.
Una “solidaridad” insuficiente y contradictoria
Las ONG cuestionan también la llamada “solidaridad flexible”, que permite a los Estados miembros financiar proyectos de control migratorio en terceros países como alternativa a la reubicación de personas con necesidad de protección en la Unión Europea. A su juicio, este enfoque no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida, basado en un reparto equitativo de responsabilidades que garantice una acogida justa y digna.
En este contexto, las organizaciones valoran positivamente la negativa del Gobierno español a respaldar el Reglamento de Retorno de la UE, que plantea acelerar deportaciones y habilitar centros de expulsión en terceros países. Sin embargo, expresan su alarma ante informaciones recientes sobre la participación de la agencia pública FIAP en la construcción de centros de detención para personas migrantes en Mauritania, donde incluso podrían ser privadas de libertad personas menores de edad, incluidos bebés. También preocupa el aumento de recursos destinados a inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza en países africanos con fines de control migratorio.
Transparencia y participación de la sociedad civil
Ante la trascendencia jurídica, política y social del Pacto Europeo de Migración y Asilo, las organizaciones exigen al Gobierno máxima transparencia y publicidad en los procesos de toma de decisiones, así como una participación real, efectiva y verificable de la sociedad civil. Reclaman, además, que el mecanismo de supervisión independiente previsto para la gestión fronteriza incorpore de manera regular a las organizaciones sociales.
Finalmente, reiteran que, sin vías legales y seguras, sin compromisos ambiciosos de reasentamiento y sin un sistema de acogida fuerte y estable, el Pacto está condenado al fracaso desde el punto de vista humanitario.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Amnistía Internacional, CEAR, Médicos del Mundo, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes y Alboan, que reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas.
