Avances hacia la regularización de personas migrantes
El 27 de enero el Gobierno de España anunció que ha iniciado los trámites para un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que viven y trabajan en el país sin autorización administrativa. La medida, aprobada mediante Real Decreto, busca dar respuesta a una situación de vulnerabilidad prolongada que afecta a cientos de miles de personas.
El decreto permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo a personas extranjeras que puedan acreditar su presencia continuada en el Estado español antes del 31 de diciembre de 2025, así como el cumplimiento de otros requisitos administrativos, entre ellos la ausencia de antecedentes penales.
Un paso relevante, impulsado por la sociedad civil
Este proceso de regularización llega tras años de reivindicación por parte de organizaciones sociales, y movimientos ciudadanos, que han denunciado el impacto de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes. Iniciativas como la ILP Regularización Ya, respaldada por cientos de miles de firmas, han puesto en el centro del debate público la necesidad de garantizar derechos y condiciones de vida dignas.
La irregularidad administrativa no solo expone a las personas migrantes a situaciones de precariedad laboral, exclusión social y vulneración de derechos, sino que también dificulta su acceso a servicios básicos y su plena participación en la sociedad.
Impacto social y retos pendientes
Según las estimaciones del propio Gobierno, el decreto podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas, facilitando su incorporación al mercado laboral formal y reforzando su acceso a derechos fundamentales. Desde las entidades del Sector Social de la Compañía de Jesús, como Alboan, valoramos positivamente este avance, que puede contribuir a mejorar la cohesión social y reducir situaciones de explotación.
No obstante, es necesario incidir en que la regularización extraordinaria no puede ser una medida aislada. Hay que avanzar hacia una política migratoria más justa, estable y centrada en los derechos humanos, que evite la cronificación de la irregularidad administrativa y garantice vías legales y seguras de migración.
