Nueva normativa de la UE sobre migración: ¿retroceso en derechos humanos?

El pasado 11 de marzo, la Comisión Europea presentó una nueva normativa que busca acelerar la expulsión de personas migrantes a países de origen o tránsito. Esta propuesta se alinea con el enfoque de control y externalización de fronteras promovido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en abril de 2024.

Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos hemos alertado sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener, argumentando que supone un retroceso en los valores fundamentales de la Unión Europea y una amenaza para los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Externalización del control migratorio: ¿una solución o un problema?

En la última década, la Agenda Europea de Migración ha profundizado en la externalización del control fronterizo, delegando responsabilidades en países considerados “seguros” como Túnez, Libia, Marruecos o Albania. Sin embargo, muchas de estas naciones no garantizan el respeto a los derechos humanos, lo que pone en riesgo a las personas migrantes.

Organizaciones especializadas en acogida y defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas han denunciado que esta estrategia de externalización expone a miles de personas a violaciones graves de derechos humanos, como la detención arbitraria, la violencia institucional y la falta de acceso a asilo.

Centros de deportación fuera de la UE: una medida cuestionada

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa es la creación y consolidación de centros de retorno en terceros países. Esta medida permitiría que personas en situación irregular en la UE, que hayan recibido una orden de expulsión definitiva, sean trasladadas a un tercer país en virtud de acuerdos bilaterales o de la propia UE.

Riesgos asociados a los centros de deportación
 

• Violación del principio de no devolución (non-refoulement), que impide devolver a una persona a un país donde su vida o integridad puedan estar en peligro.
• Falta de garantías jurídicas y de derechos humanos en los países receptores.
• Criminalización de la migración, presentándola como una amenaza en lugar de un derecho.

Diversos tribunales europeos ya han anulado decisiones relacionadas con la deportación de personas migrantes a terceros países por no garantizar condiciones adecuadas.

Nuevas restricciones y medidas coercitivas

Además de la creación de centros de deportación, la propuesta incluye medidas más restrictivas, como:

• Aumento del tiempo máximo de detención de personas migrantes en situación irregular, pasando de 18 a 24 meses.
• Exigencia de garantías financieras para evitar el "riesgo de fuga".
• Obligación de cooperar en los procesos de retorno, bajo la amenaza de perder derechos y prestaciones sociales o incluso sufrir la confiscación de documentos de viaje.
• Criterios arbitrarios para definir quién representa un "riesgo para la seguridad", lo que puede fomentar discriminación y abusos.

¿Cuál será el siguiente paso?

Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo debatir y aprobar la normativa. Ante esto, diversas organizaciones exigen a los grupos parlamentarios y a los Estados miembros que:

• Rechacen la creación de centros de deportación en terceros países.
• Garanticen el respeto a los derechos fundamentales y al derecho de asilo en todas las medidas de retorno.
• Aseguren alternativas a la detención y eviten medidas coercitivas contra las personas migrantes.
• Faciliten asistencia legal efectiva durante todo el procedimiento de retorno, garantizando el derecho a presentar recursos con efecto suspensivo.

Conclusión: la migración es un derecho, no un delito

Esta propuesta de la UE ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y de asilo en Europa. Mientras la Comisión Europea apuesta por la externalización del control fronterizo, organizaciones sociales, juristas y defensores de los derechos humanos advierten sobre los riesgos de una política que prioriza la expulsión sobre la protección y dignidad de las personas migrantes.

El futuro de esta normativa está en manos del Parlamento Europeo. La pregunta clave es: ¿seguirá Europa avanzando hacia un modelo que respete los derechos humanos o reforzará su política de deportaciones y control fronterizo?

Fuentes y organizaciones firmantes

Este análisis se basa en declaraciones y estudios de diversas organizaciones especializadas en derechos de las personas migrantes y refugiadas, entre ellas:

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
• Movimiento por la Paz (MPDL)
• Iridia
• Fundación Alboan
• Andalucía Acoge
• Asociación Rumiñahui
• Red Acoge
• Entreculturas
• Novact
• Salud por Derecho
• Amnistía Internacional