La PER pide al Gobierno acelerar la transposición de la directiva europea de diligencia debida
Diversas organizaciones integradas en la Plataforma por Empresas Responsables, entre ellas Alboan, han reclamado al Gobierno de España la transposición urgente de la Directiva europea sobre diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD), una normativa clave para garantizar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas.
La petición se formaliza a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios miembros del Ejecutivo, en la que alertan del impacto negativo que supondría retrasar su aplicación hasta julio de 2028, tras los cambios introducidos en el proceso legislativo europeo.
Retraso en la directiva: preocupación por los derechos humanos y el medio ambiente
Las organizaciones firmantes, que aseguran representar a más de tres millones de personas, consideran que posponer la transposición debilita la protección frente a abusos empresariales en un contexto global cada vez más complejo. Según denuncian, el aplazamiento se ha producido en paralelo a una intensa presión de lobbies empresariales, lo que habría contribuido a rebajar la ambición inicial de la normativa europea.
En este sentido, advierten de que retrasar la implementación también genera inseguridad jurídica para las empresas y limita la capacidad de prevenir impactos negativos en derechos humanos y sostenibilidad.
España ante el reto de liderar la sostenibilidad empresarial en la UE
Las entidades destacan el papel de España durante la negociación de la directiva y su posicionamiento dentro de la Unión Europea como uno de los países más comprometidos con la responsabilidad empresarial.
Este compromiso se alinea con estándares internacionales y con posicionamientos como el de Francesca Albanese, quien ha subrayado la importancia de la diligencia debida para evitar la complicidad empresarial en violaciones de derechos humanos.
Por ello, las organizaciones piden que la directiva se incorpore al ordenamiento jurídico español antes de que finalice la actual legislatura, reforzando así el liderazgo del país en sostenibilidad y enviando un mensaje claro: la protección de los derechos humanos y del medio ambiente no puede aplazarse.
