Empresas y Derechos Humanos: Por una #LeyMadeinSpain
Estamos cerca de que termine el año y los avances para lograr una ley nacional de diligencia debida empresarial, derechos humanos y sostenibilidad corren el riesgo de estancarse. Desde las organizaciones que formamos parte de la Plataforma por las Empresas Responsables queremos recordar que el actual gobierno, al incluir dicha ley en el Plan Normativo Anual de 2022, se comprometió a tramitar una norma de estas características dentro de esta legislatura y, sin embargo, todavía no vemos pasos concretos en esta dirección.
¿Por qué es necesaria esta ley?
En la actualidad, las víctimas de abusos cometidos por empresas europeas en el extranjero están totalmente desamparadas. Son ellas quienes tienen que recabar las evidencias que justifiquen la responsabilidad de la empresa, iniciar los procedimientos legales, encontrar una jurisdicción que acepte la causa y emprender acciones legales para acceder a una reparación. Todo ello en mitad de un proceso de duelo, sin tener en muchas ocasiones acceso a los recursos económicos, legales y humanos necesarios para emprender la batalla. Es el caso de David contra Goliath.
Siendo conscientes de esta desigualdad de fuerzas y de la existencia de barreras en el acceso a la justicia, la Comisión Europea publicó en febrero de 2022 un borrador de Directiva sobre Diligencia Debida Empresarial y Sostenibilidad. El borrador de esta directiva incluye obligaciones vinculantes para las empresas, que deberán tomar medidas para identificar, prevenir y mitigar los riesgos existentes en sus cadenas de suministro, y algunas medidas para facilitar el acceso a la justicia.
Sin embargo, no son suficientes. Por poner algunos ejemplos. La definición de los impactos adversos a los derechos humanos y el medio ambiente es muy limitada (p.ej., no incluye daños por derrames de petróleo como el que recientemente sucedió en Perú); no tiene en cuenta los riesgos particulares que sufren algunos grupos vulnerables (p.ej., mujeres, indígenas, etc.); la participación de las partes interesadas no se concibe como un elemento central del proceso de debida diligencia, sino que se contempla únicamente “cuando sea apropiado”; y se estima que cubra a unas 12.000 empresas europeas (a pensa un 1%), algo que contradice las directrices internacionales. Por último, no hay que olvidar que el proceso de negociación se puede alargar hasta 2024 y su transposición podría llegar a 2026.
No podemos esperar
Frente a la lentitud de este proceso y los vacíos que empezamos a apreciar en las negociaciones, no tenemos que resignarnos a seguir esperando. Cabe la posibilidad de aprobar una ley nacional sobre diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos y sostenibilidad que sea más ambiciosa.
Desde la Plataforma por las Empresas Responsables, creemos que dicha legislación debe incluir el establecimiento de obligaciones vinculantes para las empresas españolas que operan en el extranjero y un sistema de sanciones e infracciones, sin necesidad de esperar a que se produzca el daño; cláusulas que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas (facilitando asistencia jurídica gratuita, etc); así como políticas de transparencia y la introducción del enfoque de género en el diseño y la implementación de los planes de diligencia debida.
Los próximos meses son cruciales para que la ley sea tramitada dentro de esta legislatura. Por ese motivo, a lo largo del mes de noviembre participaremos en una serie de actos para mostrar apoyo social a esta iniciativa. Así, por ejemplo el 10 de noviembre se presentará en Madrid el documental "La ilusión de la abundancia" que narra las luchas de mujeres de diferentes contextos para resistir y defender el medio natural y sus comunidades ante la voracidad y abusos de transnacionales y gobiernos locales, cegados por el "desarrollo" y el "progreso".
