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India se moviliza para defender su agricultura y garantizar la soberanía alimentaria

India se moviliza para defender su agricultura

Desde el pasado 8 de diciembre se han sucedido en Nueva Delhi movilizaciones convocadas por el sector agrícola del país para mostrar su rechazo contra tres nuevas leyes agrícolas aprobadas por el gobierno central y que incluyen medidas que afectan negativamente a los pequeños agricultores imponiendo medidas que les hacen aún más vulnerables ante los intermediarios y grandes corporaciones agroindustriales. Se trata de la marcha más populosa en la historia de la humanidad que congregó el pasado 9 de diciembre a 96.000 tractores y 12 millones de personas para exigir al gobierno la retirada de estas reformas, así como que se garantice el precio mínimo de apoyo para sus cultivos frente a las grandes compañías y grupos oligarcas. A pesar del talante pacífico de la marcha, ésta fue duramente contestada por las fuerzas de orden. Todo esto está ocurriendo en medio de un clima de recortes civiles cada vez más preocupante que se traduce en un férreo control de los medios de comunicación por parte del BJP, partido en el poder. 

Pero las manifestaciones no han tenido lugar únicamente en la capital de India y en Gujerat también se han sucedido en las principales áreas urbanas como: Ahmedabad, Surat, Vadodara o Rajkot.

Tal y como declara la Unión Popular por las Libertades Civiles, People’s Union for Civil Liberties (PUCL), “Es evidente que la lucha de las y los agricultores va mucho más allá de la demanda para proteger el precio mínimo de apoyo a sus cultivos (MSP). Las movilizaciones de las agrupaciones agrícolas también pone de relieve la violación de los principios del federalismo, al legislar sobre una cuestión estatal sin consultar a los agricultores o a los gobiernos estatales. Las protestas también ponen de manifiesto que estas nuevas leyes eliminan los recursos legales y judiciales y establecen solo una reparación ejecutiva. Esta lucha también es para defender el derecho democrático y constitucional básico del pueblo indio al derecho de asociación, el derecho a protestar y ser escuchado”.

Se trata así pues de un momento difícil para los millones de habitantes que viven de la agricultura y que necesitan que este sector sea protegido frente a las medidas neoliberales propuestas.

Precarización de la situación de las comunidades dalits y adivasis

Pero no se trata tan sólo de proteger la agricultura y hacer de ella un sector sostenible. El Hunger Watch, Observatorio del hambre, ha realizado una encuesta en septiembre de 2020 para dar seguimiento a la situación en las comunidades vulnerables y marginadas en  diferentes partes del país en el contexto de la pandemia originada por la COVID-19. 

En total han participado 3.994 personas de 11 estados de la India para poder poner de relieve los efectos que la crisis del coronavirus y el decreto del confinamiento han tenido sobre la población más vulnerable. De dichas entrevistas se desprende que la población continúa teniendo ingresos bajos y aún no han alcanzado los niveles previos al mes de marzo. Aproximadamente una de cada cuatro personas encuestadas, respondieron que sus ingresos correspondientes a septiembre y octubre fueron la mitad de lo que eran antes del confinamiento. Más de dos tercios afirman que la calidad nutricional ha empeorado y la cantidad se ha reducido también respecto a la situación anterior a marzo. 

Los resultados preliminares de la investigación llevada a cabo por Hunger Watch muestran que la situación alimentaria que se vive en India continúa siendo grave cinco meses después de que haya finalizado el confinamiento. Tras la declaración del confinamiento se pusieron en marcha diferentes medidas gubernamentales para hacer frente a las necesidades de la población, como el reparto de raciones gratuitas, alternativas a la escuela y/o transferencias de efectivo. Si bien este apoyo ha sido crucial, según atestigua Hunger Watch, las medidas gubernamentales están resultando insuficientes. 

Los niveles de desnutrición en India siempre han sido elevados. Sin embargo, durante los últimos 15 años se observaron mejoras después de las intervenciones de la Corte Suprema que universalizó las comidas escolares, entre otras medidas. La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria contribuyó a mejorar la situación garantizando 5 kilogramos de cereales mensuales por persona y ofreciendo precios subvencionados para que la población pudiera acceder a los productos. Todo ello para prevenir el hambre y erradicar la desnutrición. 

Crece la desigualdad y la discriminación

De la encuesta realizada se desprende que el 25% de la población dalit y musulmana y un 12% de la población adivasi han sufrido discriminación a la hora de acceder a los alimentos desde el estallido de la emergencia sanitaria.  

Aunque el confinamiento ha finalizado, la crisis económica continúa. La población que perdió su empleo aún no ha encontrado otro. El trabajo es aún más irregular y su duración se ha reducido. Conseguir los recursos para garantizar tres comidas completas para toda la familia es un gran desafío para muchos hogares en la India y en Gujerat. Muchas niñas y niños han tenido que abandonar la escuela para comenzar a trabajar, más aún en el caso de las niñas. Según reporta el Hunger Watch, las familias venden sus posesiones y joyas, piden préstamos etc. para comprar comida y en general se observa una reducción de la cantidad y calidad de los alimentos.

 

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