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Arranca la COP28 en Dubai entre acuerdos y desacuerdos

Apenas han pasado veinticuatro horas desde que arrancase en Dubai la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2023, también conocida como la COP28, y ya tenemos un primer acuerdo. Los representantes de los 200 países congregados en esta ocasión han acordado el establecimiento de un nuevo fondo de pérdidas y daños cuyo objetivo es compensar a las naciones que más han sufrido (y van a sufrir) las peores consecuencias del cambio climático. 

 

Es una cuestión de justicia climática, puesto que los países más vulnerables a los desastres climáticos y al aumento del nivel del mar son, paradójicamente, quienes menos han contribuido al registro histórico de emisiones de gases. Por eso la creación de este fondo es una buena noticia de inicio. Aunque realmente no es una novedad en sí misma, puesto que se trata de un compromiso (el más importante) adquirido el año pasado durante la COP27 celebrada en Sharm el Sheij, Egipto. 

 

La novedad de este año reside en el acuerdo alcanzado para fijar el funcionamiento del fondo que era un asunto pendiente. Y también en el hecho de que se haya anunciado al comienzo de la cumbre y no al final, como se viene haciendo. El Sultán al Jaber lo ha calificado de “histórico” tras ser ratificado en su puesto como presidente de la COP28, pese a las protestas que había suscitado su nominación por los vínculos que ha mantenido con una petrolera, de la que era consejero. 

 

El fondo invita a los países desarrollados, que son los que más han contribuido a la gestación histórica del cambio climático, a ser los principales financiadores. Aunque deja abierta la posibilidad de que otras naciones puedan contribuir. Lo cual se puede interpretar como un llamamiento a China, cuya responsabilidad histórica no es tan grande en comparación, aunque actualmente sea el principal emisor de gases de efecto invernadero. También establece la posibilidad de recibir fondos procedentes de donaciones y fuentes públicas y privadas, abriendo la puerta a un futuro gravamen internacional a las emisiones procedentes de empresas o actividades que dañen específicamente el planeta. 

 

Algunos estados como los propios Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Reino Unido ya han confirmado que contribuirán con decenas de millones al fondo. El problema es que se reunirán unos cientos de millones, cuando lo que hacen falta son cientos de miles de millones. Según el Comunicado de Ecojesuit hacia la COP28 que suscribimos, para corregir las deficiencias en materia de adaptación y mitigación y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, haría falta aportar 100 mil millones de dólares anuales de financiación privada y pública en apoyo al Sur Global, y reducir las diferencias hasta alcanzar en 2030 el objetivo de 4,3 billones de dólares (OECD & Iniciativa de política climática, 2022).

 

Veremos qué cifra final se alcanza al final de estas negociaciones. 

 

El rol de las comunidades de fe y la sociedad civil organizada

Como cada Cumbre del Clima, las comunidades de fe de diferentes religiones también se reunirán en diversos eventos para dialogar sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la Casa Común, siguiendo la invitación del papa Francisco en su encíclica Laudato Si’. Su Santidad anunció que acudiría a la COP28, pero finalmente ha tenido que cancelar su viaje por motivos de salud. Puedes conocer más acerca de las actividades que los representantes de las diferentes religiones llevarán a cabo en el Pabellón Interreligioso consultando la web del Interfaith Center for Sustainable Development y también siguiendo las crónicas del encuentro en el sitio web de Justicia Climática creado por Ecojesuit.  

 

Desde Alboan, como institución parte de la Red Justicia en Minería, también hemos suscrito junto con más de 100 organizaciones un llamamiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y los Estados parte de la COP28 titulado "La prosperidad compartida y la justicia climática deben sustentar una transición energética rápida y justa".

 

El llamamiento, promovido desde el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, hace referencia a las implicaciones para los derechos humanos de los proyectos de extracción de minerales y energías renovables; los riesgos  a los que se enfrentan los pueblos indígenas; la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Y en la parte de recomendaciones apuesta por la acción climática que garantice los derechos humanos y la protección social, la prosperidad compartida para los trabajadores y las comunidades, y la eficiencia de los recursos y la reducción de la demanda de consumo de materias prima.