Alcanzado acuerdo sobre la Directiva UE de Diligencia Debida Empresarial y Sostenibilidad: Un paso importante, pero una oportunidad perdida 

Después de una intensa noche de negociaciones, el 14 de diciembre la Comisión Europea, el Consejo de la UE, bajo la presidencia Española, y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político acerca de la Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). 

Desde Alboan celebramos este hito como un paso más hacia la creación de marcos jurídicos que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y el medioambiente. No obstante, aunque todavía se desconoce el texto adoptado y faltan muchos detalles técnicos por cerrar, hay buenas razones para pensar que se trata de una oportunidad perdida para poner fin a la impunidad corporativa. 

Compartimos, en este sentido, la valoración publicada en la nota de prensa de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) de la que formamos parte. Como ha señalado Amaya Acero, coordinadora de la plataforma, el acuerdo “es un punto de inflexión en la rendición de cuentas de las empresas sobre sus impactos en los derechos humanos y el medioambiente y recoge algunos aspectos esenciales para reducir las barreras legales y procesales para garantizar el acceso al remedio por parte de las víctimas”. Entre estos aspectos más positivos, parece que el acuerdo facilitará el acceso a pruebas y la representación legal de las víctimas, y ampliará asimismo los plazos para presentar reclamaciones.

Sin embargo, señala Amaya, “consideramos que el acuerdo es decepcionante en otros aspectos clave, como que se haya excluido a los servicios financieros, a pesar del papel crucial que juegan en las actividades económicas y como facilitadores esenciales para la transición climática, debilitando el potencial transformador de esta ley”. Dejar a las instituciones financieras fuera del alcance de esta ley es una gran limitación, pues tienen una responsabilidad fundamental en la medida en que los servicios financieros son clave en muchos de los proyectos y actividades económicas que terminan generando riesgos para el medioambiente y los derechos humanos. 

¿Y ahora qué?  

Como señalamos más arriba, el acuerdo político entre los co-legisladores de la UE es clave para que la Directiva vea la luz. Sin embargo, serán necesarias reuniones técnicas para cerrar los detalles de lo acordado el 14 de diciembre y asegurar una interpretación compartida de la norma, tratando así de cerrar las lagunas existentes. 

Tras estas negociaciones más técnicas, la directiva todavía tendrá que ser ratificada por el Consejo, ya bajo la presidencia Belga, y después por el Parlamento Europeo, que tendrá que votar su aprobación. Se espera que esto suceda antes de las elecciones europeas, en torno a marzo de 2024 y, a partir de ahí entrará en vigor y la norma deberá ser traspuestas en el ordenamiento jurídico de los Estados Miembro. 

Como ha declarado en una nota de prensa Josianne Gauthier, Secretaria General de CIDSE, la familia de ONG católicas por la justicia social a la que también pertenecemos, “aunque se trata de un paso importante hacia la regulación de las empresas, no se sabe con certeza si el texto completo recogerá la redacción de disposiciones cruciales que permitan una mejor protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Por eso seguiremos muy de cerca los resultados de las reuniones técnicas e instamos a los responsables de la toma de decisiones a que antepongan la vida a los beneficios económicos".

Foto superior: Manon Aubrey, presidenta del Grupo de la Izquierda GUE/NGL en el Parlamento Europeo; Heidi Hautala, Vicepresidenta del Parlamento Europeo; Didier Reynders, Comisario de Justicia de la Comisión Europea; Lara Walters, eurodiputada y responsable del dossier y Adrián Vázquez Lázara, Eurodiputado de Renew y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, posan tras alcanzar un acuerdo para la Directiva. Autor; Presidencia Española del Consejo UE.