Más de 100 organizaciones de América Latina y Caribe piden al Gobierno Español impulsar la aprobación de la directiva europea de diligencia debida
Con motivo del inicio de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, más de cien organizaciones de trece países diferentes de América Latina y Caribe han unido sus voces para enviar un mensaje alto y claro: necesitamos una directiva de diligencia debida empresarial fuerte y eficaz para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.
La Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad (CSDDD) fue propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022. A partir de entonces, las negociaciones continuaron en el Consejo de la Unión Europea, que publicó su posicionamiento al respecto en diciembre del año pasado, y en el Parlamento Europeo, que votó a favor de introducir algunas enmiendas a la propuesta inicial en junio de 2023.
Una vez fijadas las posturas del Consejo y el Parlamento respecto a la ley, este mes de julio han dado comienzo los trílogos que son las negociaciones a tres bandas entre los organismos co-legisladores y la Comisión Europea para llegar a un acuerdo definitivo sobre el texto. La Presidencia Española del Consejo tiene una responsabilidad importante para garantizar que las negociaciones lleguen a buen puerto en los próximos seis meses y de ahí la necesidad de mostrar capacidad de liderazgo en la materia.
Recordemos que la finalidad de dicha ley es fijar obligaciones vinculantes para que las empresas europeas (y aquellas extranjeras que operan en Europa) tengan que respetar los mismos principios en relación con el gobierno corporativo, la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos. Para que dicha directiva no se convierta en papel mojado o se quede en un mero ejercicio de marcar casillas en un informe es necesario escuchar las voces y las demandas de quienes sufren a diario los peores impactos de las actividades empresariales en sus vidas y en sus territorios.
La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de los países latinoamericanos y cada cierto tiempo hemos recibido noticias de empresas europeas implicadas directa o indirectamente en daños medioambientales o vulneraciones de derechos. Por este motivo las organizaciones de América Latina y Caribe que suscriben la carta, entre las cuales encontramos varios Centros Sociales Jesuitas, demandan una ley que sea lo más exigente posible con la obligación que las empresas tienen para gestionar los riesgos existentes en sus cadenas de valor.
En ese sentido, se espera que la directiva obligue a las empresas más grandes y aquellas que operan en sectores de riesgo a identificar, gestionar y mitigar los impactos adversos de su actividad, estableciendo al mismo tiempo medidas para remediar los daños causados y facilitar el acceso a la justicia de las personas y comunidades afectadas.
Puedes descargar la carta completa en este enlace.
