Organizaciones de derechos humanos alertan del impacto del decreto para acelerar las expulsiones en Ceuta

Diversas organizaciones de derechos humanos han alertado de las graves consecuencias que podría tener para el derecho de asilo y la protección internacional el Real Decreto Ley con el que el Gobierno pretende acelerar las expulsiones y devoluciones en Ceuta. Desde Alboan nos sumamos a esta preocupación y a la petición de las entidades para que se garantice el respeto de los derechos humanos y el acceso efectivo al procedimiento de asilo.

Las organizaciones denuncian que la propuesta establece, en la práctica, un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo”, con medidas específicas para las personas que se encuentran en Ceuta.

Una de las principales preocupaciones es su aplicación con carácter retroactivo a quienes hayan presentado una solicitud de protección internacional desde el 30 de julio de 2026.

Entre las medidas previstas se encuentra la inadmisión de las solicitudes de asilo presentadas una vez transcurridos siete días desde la notificación de una orden de devolución o expulsión. El decreto también reduciría a cinco días naturales el plazo para recurrir, una medida que, según las organizaciones, puede dificultar el acceso a la justicia y comprometer el derecho a una tutela judicial efectiva.

Las entidades alertan asimismo del sistema excepcional de notificaciones contemplado en la propuesta. En determinados casos, las comunicaciones podrían realizarse a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que podría generar situaciones de indefensión, especialmente entre personas que se encuentran en contextos de especial vulnerabilidad.

Ante estas medidas, las organizaciones reclaman al Gobierno que retire la propuesta y aplique el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo, tal y como se había comprometido.

Desde Alboan compartimos esta demanda y reivindicamos unas políticas migratorias que pongan en el centro la dignidad de las personas, los derechos humanos y la garantía efectiva del derecho a solicitar protección internacional.