Los estados europeos inician una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada
Desde las entidades sociales llevamos años dando seguimiento a la negociación, aprobación y su implementación por parte de España del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), para contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque de derechos de las personas en movimiento.
El 12 de junio supone un hito para todos los países europeos, dado que se materializa la implementación del Pacto con su entrada en vigor, dando comienzo a una nueva etapa para la política migratoria que plantea retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Además, en los últimos meses la Unión Europea ha aprobado dos reformas vinculadas al Pacto, con especial impacto sobre las personas solicitantes de asilo. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones.
Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos, debilitan gravemente derechos y garantías consolidadas. Entre ellos, el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.
En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional.
Ante esta situación de cierta incertidumbre y preocupación, exigimos al Gobierno y el resto de las fuerzas políticas:
- Garantizar transparencia, acceso a información de los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del Pacto que ahora entrarán en vigor.
- Aplicar el Pacto de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos, y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales.
- Por último, es imprescindible garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo.
Asimismo, insistimos en que se garantice la participación de la sociedad civil y que se dote de mandato para investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos.
