Nueva legislación sobre minerales en conflicto, ¿una oportunidad perdida para la Unión Europea
El 16 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por votación la ley de suministro responsable de minerales, una regulación cuyo objetivo es asegurar que los ingresos derivados de la importación de minerales en la Unión Europea no financian violaciones de derechos humanos y conflictos armados en todo el mundo. Las organizaciones de la sociedad civil ya hemos subrayado que el texto final, largamente debatido, es menos ambicioso que el que propuso inicialmente el Parlamento.
En 2010, la Unión Europea se comprometió a crear un marco normativo más transparente para los importadores de cuatro minerales: estaño, tungsteno, tantalio y oro, debido a los vínculos con la financiación de conflictos armados y las violaciones de derechos humanos en los países exportadores, como la República Democrática del Congo (RDC). Sólo en la RDC, se estima que alrededor del 98% del oro que se extrae de las minas es exportado ilegalmente. Además de privar al gobierno local de unos ingresos sumamente necesarios, el tráfico ilícito de estos minerales es también una fuente importante de ingresos para los grupos armados que controlan más de la mitad de las minas en la región.
Un marco europeo necesario
Basándose en las directrices de la OCDE sobre “diligencia debida”, el Parlamento Europeo intentó establecer un sistema legalmente vinculante que obligase a las empresas a asegurar que sus cadenas de suministro de tantalio, estaño, wolframio y oro (conocidos como minerales 3TG por sus siglas en inglés) respetan los derechos humanos. El alcance de su propuesta planeaba cubrir, de manera obligatoria, a todos los actores implicados en las cadenas de suministro, tanto a las empresas “upstream” (refinerías, fundiciones, importadores de minerales y metales en bruto) como a las “downstrream” (industrias electrónicas, automovilísticas, joyería, etc.). Sin embargo, después de largas negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo, se han hecho importantes concesiones a las empresas contrarias a la obligatoriedad de la “diligencia debida”; como, por ejemplo, el establecimiento de una lista blanca de refinerías y fundiciones, unos umbrales de importación por debajo de los cuales no es necesario rendir cuentas, autorregulación para las empresas “downstream”. Las organizaciones de la sociedad civil han recalcado tales debilidades: “Todo esto nos deja un regusto amargo, la sensación de habernos quedado a medias tintas” explica Axelle Fisher, Secretaria General de la ONG belga Justice et Paix , ”porque aunque es una iniciativa importante, hoy tenemos la impresión de que esta ley se queda corta para alcanzar los ambiciosos objetivos que pretendía cumplir inicialmente esta regulación.”
La oportunidad de un enfoque integrado
Además de centrarse en las importaciones europeas, el texto también prevé medidas de acompañamiento en el campo de la diplomacia y la cooperación técnica. Una necesidad indispensable, según Giuseppe Cioffo, Responsable de Programas y Políticas de EurAc, la Red Europea para África Central: "Si queremos romper esta dinámica de violencia relacionada con el comercio ilegal de minerales, habrá que aprovechar esta palanca política y presionar para lograr una gobernabilidad en el sector minero que involucre a los actores locales y a la sociedad civil". El sector de las ONG espera ansiosamente que ahora la Unión Europea se encargue de aplicar de manera efectiva de esta ley. Por eso la sociedad civil pedirá a la Unión Europea que adopte un posicionamiento más firme en favor del tratado de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, una nueva oportunidad para establecer obligaciones vinculantes en las cadenas de suministro globales.
