El Parlamento Europeo vota a favor de la Ley de Diligencia Debida Empresarial

El pasado 1 de junio, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría (366 votos a favor; 225 en contra y 38 abstenciones) su posicionamiento en relación con la Directiva Europea de Diligencia Debida Empresarial en materia de Sostenibilidad. Se trata de un hito importante para lograr que las grandes empresas con sede y actividad en la Unión Europea cumplan sus responsabilidades en relación con el respeto de los derechos humanos y el medioambiente. 

Entre otras cosas, el texto aprobado exige que los directores supervisen los planes de transición de sus empresas hacia una economía sostenible, en los que se debe identificar en qué medida el cambio climático es un riesgo para las actividades de la empresa o un efecto adverso de ésta, en cuyo caso deberán incluir objetivos de reducción de emisiones. Además, vincula los incentivos financieros de los directivos al cumplimiento de los objetivos incluidos en dichos planes. Se trata de medidas orientadas a transformar la cultura empresarial hacia modelos de negocio que no antepongan el lucro al cuidado del medioambiente. 

Asimismo, el voto del Parlamento enfatiza la participación de las partes interesadas (mujeres, trabajadores y trabajadores, comunidades campesinas y pueblos indígenas) en los procesos de identificación y mitigación de riesgos, refuerza la responsabilidad civil de la empresa y elimina algunas de las barreras existentes en el acceso a la justicia (p. ej., ampliando los plazos para la prescripción de los delitos u ofreciendo asistencia jurídica y financiera a las víctimas de abusos y daños medioambientales cometidos por empresas). 

En este sentido, el acuerdo mejora sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión, publicada en febrero de 2022, y es mucho más exigente que el “enfoque general” del Consejo de la UE, alcanzado en diciembre del año pasado. 

Sin embargo, como suele suceder en la búsqueda de consensos, el acuerdo no es perfecto y no satisface por completo las demandas de la sociedad civil. Como hemos manifestado desde la Plataforma por las Empresas Responsables, de la que Alboan forma parte, las cláusulas sobre acceso a la justicia siguen siendo insuficientes. El texto no incorpora avances para “revertir la carga de la prueba” y deja en manos de los Estados miembro poner las medidas necesarias, lo que en la práctica obligará a que sean las víctimas quienes sigan cargando con el peso de probar la responsabilidad de la empresa que cometió los daños o abusos. 

Desde CIDSE, la red de ONG católicas por la justicia social a la que también pertenecemos, hemos denunciado la necesidad de acortar los plazos de la implementación de la ley. En la propuesta inicial de la Comisión, dicha implementación se plantea de manera escalonada (primero las empresas más grandes, y después las de menor tamaño) y puede durar cerca de siete años hasta alcanzar su aplicación completa. 

A pesar de estas limitaciones, tenemos buenas razones para celebrar los avances alcanzados en el Parlamento. Sobre todo si tenemos en cuenta la oposición de ciertos grupos parlamentarios y las dificultades para llegar a un acuerdo. Los eurodiputados más alineados con los intereses de los lobbies empresariales presentaron enmiendas a última hora para intentar desbaratar el acuerdo. Varias delegaciones de grupos de centro-derecha, incluida la delegación de eurodiputados españoles de Vox y el PP, votaron en contra del texto. Aunque finalmente, por fortuna, se pudo alcanzar la mayoría necesaria para aprobarlo.  

¿Y ahora qué?

Una vez fijada la posición de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo está previsto que se inicie el “trílogo”, las negociaciones tripartitas de los colegisladores de la Unión Europea que deberán alcanzar un acuerdo final sobre el texto. Se espera que dicho acuerdo se alcance en los próximos meses, durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que comenzará el próximo mes de julio y durará hasta finales de año. 

Desde la Plataforma por las Empresas Responsables y junto a otras redes aliadas como CIDSE, seguiremos de cerca estas negociaciones para lograr una ley de diligencia debida empresarial que haga justicia y ponga a las personas y el medioambiente en el centro.