Alboan se suma al clamor en contra de la desregulación de la responsabilidad empresarial en materia de sostenibilidad y derechos humanos

Alboan ha suscrito junto a más de 360 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de más de 50 países un comunicado público instando al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo a no rebajar sus ambiciones climáticas y medioambientales y a mantener su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Queremos mostrar así nuestro rechazo al paquete Ómnibus de simplificación de las normas de sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea el pasado 26 de febrero.

El objetivo del anunciado paquete Ómnibus, de acuerdo con Úrsula von der Leyen, es “simplificar las normas de la UE e impulsar la competitividad”. Y, como se esperaba, afectará finalmente a las leyes que regulan la presentación de información sobre finanzas sostenibles (CSRD), la diligencia debida empresarial en materia de sostenibilidad (CSDDD) y la taxonomía de la UE sobre sostenibilidad.

Se trata de normas que introducen obligaciones relativas a la rendición de cuentas empresarial para prevenir violaciones de derechos humanos y daños medioambientales en sus cadenas de actividades, al tiempo que establecen medidas para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. También buscan mejorar la transparencia en los informes de sostenibilidad y generar incentivos para la inversión sostenible. Constituyen, en definitiva, los pilares sobre los que se sostiene el Pacto Verde Europeo y son cruciales para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática marcado para 2050.  

Como miembros de la Plataforma por las Empresas Responsables denunciamos hace una semana, cuando tuvimos acceso a las primeras filtraciones del texto, el peligro de interpretar la “simplificación” como una “desregulación”. Ahora, una vez publicado el contenido de la propuesta Ómnibus, podemos confirmar que se trata de una desregularización en toda regla, diseñada para desmantelar buena parte de las obligaciones impuestas a las grandes empresas en materia de sostenibilidad.

Son especialmente preocupantes las modificaciones a la CSDDD, aprobada en julio del año pasado tras cinco años de arduas negociaciones. No sólo proponen retrasar su trasposición un año y rebajar las sanciones previstas, sino que han abierto la posibilidad de eliminar la responsabilidad civil de las empresas; negar la representación legal de las víctimas por parte de ONG y sindicatos ante tribunales europeos; reducir el alcance de la diligencia debida a las relaciones con socios comerciales directos (dejando fuera de alcance los eslabones más frágiles de la cadena de valor); o eximir de la obligatoriedad de “poner en práctica” los planes de transición climáticos para reducir la huella de carbono.

Para conocer el detalle de los cambios propuestos tanto en la CSDDD como en la CSRD puedes consultar el comunicado completo en la web de la Plataforma por las Empresas Responsables.

¿Y ahora qué?

A pesar de la confusión generada en torno a la propuesta “Ómnibus”, para hacerse realidad todavía tiene que ser aprobada por los órganos colegisladores de la Unión Europea siguiendo el procedimiento habitual.

Por ese motivo estamos haciendo un llamamiento al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo para que, con carácter de urgencia, revisen la propuesta Ómnibus en las próximas negociaciones legislativas para garantizar que se rechacen todas las enmiendas que pretenden debilitar la CSDDD. Creemos que las discusiones abiertas deben limitarse a los aspectos relativos a la interpretación de la implementación, sin entrar a modificar el texto de leyes que ya están aprobadas.

De lo contrario, la Unión Europea estará traicionando sus propios compromisos con la sostenibilidad y, al mismo tiempo, dará la espalda a miles de personas y comunidades que defienden los derechos humanos y el medioambiente en todo el planeta.