“Porque un pueblo desorganizado es una masa con la que se puede jugar, pero un pueblo que se organiza y defiende sus valores, su justicia, es un pueblo que se hace respetar” - Monseñor Oscar Arnulfo Romero, homilía del 2 de marzo de 1980
En Honduras, la democracia y el Estado de Derecho se han movido y sostenido sobre dos fuerzas político-económicas: el gobierno que formal y legalmente es elegido por el voto cada vez más minoritario de la población, y el poder fáctico de grupos formados por la empresa privada, a su vez dueños de los grandes medios de comunicación y por lo que se conoce con el nombre genérico de grupos del “crimen organizado”. Entre estas dos fuerzas, la que realmente decide es la que ostenta el poder económico, que utiliza la democracia y todos sus mecanismos para legitimar sus decisiones, proteger sus intereses y actuar, casi siempre, a espaldas de la población empobrecida. En este sentido, una gran debilidad del sistema político hondureño, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en un golpe de Estado.
La crisis política asociada al golpe de Estado del domingo 28 de junio pone en evidencia profundas grietas en el sistema político hondureño, una enmarañada red de relaciones cercanas y cuestionables entre políticos, cúpulas religiosas, militares, empresarios y medios de comunicación, así como un sinnúmero de debilidades institucionales y una red de intereses personales disfrazados de intereses nacionales.
En el informe preliminar presentado el pasado 21 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratifica las violaciones a los derechos humanos producidas en Honduras después del 28 de junio. Ante estos abusos, la reacción de los movimientos sociales ha sido digna y pacífica, creando el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado. Este movimiento exige la restitución del orden constitucional; denuncia a los responsables del golpe; y demanda la conformación de una asamblea constituyente, democrática e incluyente. Ante este escenario, el gobierno de facto ha respondido con represión y desapariciones forzadas a líderes sociales y ha cerrado importantes medios de comunicación.
La vuelta a Honduras, el pasado 21 de septiembre, del presidente Zelaya ha culminado en una fuerte represión por parte del gobierno de facto. La declaración de Estado de sitio el pasado 27 de septiembre pretendía suspender todas las garantías individuales y colectivas de la población Hondureña. Así, se anularon oficialmente por unos días, derechos constitucionales tan importantes como el de la libertad personal, la libertad de expresión, libertad de asociación y de unión, la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio, la propiedad privada y los derechos de las personas detenidas. Si bien el gobierno golpista ha rectificado esta declaración de Estado de sitio, en los hechos la sociedad civil hondureña continúa siendo víctima de innumerables violaciones a sus derechos encontrándose en situaciones de absoluta indefensión.
Ante esta situación, como organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por el desarrollo de los pueblos, queremos manifestar:
Apelando a la estrecha relación de colaboración que el pueblo vasco ha tenido con la sociedad civil hondureña, le pedimos:
Por todo ello, desde nuestras organizaciones, instamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía vasca a sumarse a las voces que reclaman el respeto a la vida y el respeto a los derechos del pueblo hondureño.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
ADECO, ALBOAN, BATEGINEZ, BIZILUR, CGT-LKN, Euskadi Cuba, HEGOA, Instituto de derechos Humanos Pedro Arrupe, INTERED, ITAKA, MERCADECO, Mugarik Gabe, MUNDU BAT, Proclade Yanapay.
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