Este acuerdo es fruto y consecuencia de la presión que han venido desarrollando durante tantos años las campañas de movilización ciudadana. Este hecho nos reafirma en la convicción de que mediante la acción social sí que es posible conseguir cambios y avances.

"Menos es nada": aunque sea parcial y limitado, este acuerdo sigue suponiendo un avance. Es interesante la apropiación del concepto de "100%" a la hora de hablar de la anulación de la deuda (aunque luego en la práctica no acabe siendo así).

Sólo afecta a 18 países (aunque se plantea la posibilidad de incorporar nuevos países más adelante), de entre los 52 países del mundo considerados como "severamente endeudados" y 61 calificados como de ingresos bajos, y representa alrededor del 10% de la deuda total de estos países. A la hora de beneficiar a unos países frente a otros, los criterios elegidos han sido un tanto arbitrarios, destacándose entre estos el cumplimiento de las políticas de ajuste estructural sugeridas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, frente a criterios tales como la pobreza o la urgencia humanitaria.

No se anula toda la deuda multilateral. En el acuerdo no se menciona la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de que entre los 18 países hay 3 latinoamericanos.

Está sujeta a condiciones. La anulación de la deuda esta sujeta a la adopción por parte de los países empobrecidos de políticas de ajuste estructural, que durante las últimas décadas han demostrado ser muy poco efectivas en el incremento del crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, y que sin embargo, han tenido impactos sociales muy negativos en los países donde han sido aplicadas.

No se plantea la responsabilidad de los países acreedores. El problema del endeudamiento externo, por su origen histórico y posterior evolución, es un problema cuya solución, al menos, debe ser compartida por acreedores y deudores. Todos los esquemas de alivio de deuda propuestos hasta la fecha están orientados a garantizar el cobro de las deudas, y han sido diseñados unilateralmente por los acreedores. Esto es debido a la inexistencia de una institución de ámbito internacional independiente, ni de unas reglas internacionales de quiebra o impago. Sería necesario el desarrollo de un procedimiento de arbitraje transparente que decida qué deuda se debe pagar y cuál no, por ser ilegítima (como se define ahora a la deuda de Irak), y que establezca los esquemas de alivio de deuda teniendo como criterio principal la erradicación de la pobreza y no el criterio de "sostenibilidad de los pagos".